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Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

 

 

Según dispone el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad.

 

En su virtud, el Gobierno declaró ayer 14 de marzo de 2020, el ESTADO DE ALARMA con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, situación calificada por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo de 2020 de pandemia internacional.

 

La excepcional situación, se refleja en las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se resumen a continuación:

 

1. La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional y durante quince días naturales.

 

2. La autoridad competente será el Gobierno y autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad:

 

a) La Ministra de Defensa.

b) El Ministro del Interior.

c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

d) El Ministro de Sanidad.

 

Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los Ministros indicados será autoridad competente delegada el Ministro de Sanidad.

 

3. Las mencionadas autoridades competentes delegadas podrán dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.

 

4. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del Ministro del Interior.

 

5. Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo. A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

 

6. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

 

  • Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

  • Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

  • Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

  • Retorno al lugar de residencia habitual.

  • Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

  • Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

  • Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

  • Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

     

    7. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

     

    8. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.

     

    9. Las autoridades competentes delegadas podrán acordar requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios. En los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de salud pública.

     

    10. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados. No obstante, durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.

     

    11. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

     

    12. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.

     

    13. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

     

    14. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.

     

    15. La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro.

     

    16. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

     

    17. El Ministro de Sanidad podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública, así como intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico.

     

    18. Asimismo, se adoptan las siguientes medidas aplicables al transporte interior:

     

  1. En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP), los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50 %. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrá modificar este porcentaje y establecer condiciones específicas al respecto.

  2. Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP reducirán su oferta total de operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes:

     

    a. Servicios ferroviarios de media distancia: 50 %.

    b. Servicios ferroviarios media distancia-AVANT: 50 %.

    c. Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 50 %.

    d. Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 50 %.

    e. Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación: 50 %.

     

    Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios, pudiendo ser modificados por el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

     

  3. Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte.

  4. Se establecerán unos criterios específicos para el transporte entre la Península y los territorios no peninsulares, así como para el transporte entre islas.

  5. En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte, de acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad.

  6. Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta de los billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. Por orden del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán establecer las características y contenido de este anuncio.

  7. En aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros.

     

    19. Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino. En particular, cuando resultara necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte de los bienes mencionados. Y cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, lonjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos.

     

    20. Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el tránsito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados en puertos o aeropuertos. A este respecto se atenderá de manera prioritaria los productos que sean de primera necesidad.

     

    21. Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural.

     

    22. Los operadores críticos o esenciales de servicios esenciales adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales y asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales.

     

    23. Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir.

     

    24. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

     

    25. Queda exceptuado de las limitaciones a la libertad de circulación el personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España, tanto para desplazamientos dentro del territorio nacional, como a su país de origen o a terceros Estados, en los que se encuentre igualmente acreditado, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de funciones oficiales.

     

    26. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

     

    En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

     

    En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los procedimientos para la protección de los derechos fundamentales de la persona previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley, así como a los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

     

    Tampoco serán de aplicación a la autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y a la adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

     

    No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

     

    27. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, es decir, procedimiento administrativo. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

     

    La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

     

    La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

     

    28. Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

     

     

     

    ANEXO

    RELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y ACTIVIDADES

    CUYA APERTURA AL PÚBLICO QUEDA SUSPENDIDA

    - Museos.

    - Archivos.

    - Bibliotecas.

    - Monumentos.

    - Espectáculos públicos.

    - Esparcimiento y diversión:

    - Café-espectáculo.

    - Circos.

    - Locales de exhibiciones.

    - Salas de fiestas.

    - Restaurante-espectáculo.

    - Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

    - Culturales y artísticos:

    - Auditorios.

    - Cines.

    - Plazas, recintos e instalaciones taurinas.

    - Otros recintos e instalaciones:

    - Pabellones de Congresos.

    - Salas de conciertos.

    - Salas de conferencias.

    - Salas de exposiciones.

    - Salas multiuso.

    - Teatros.

    - Deportivos:

    - Locales o recintos cerrados.

    - Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.

    - Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.

    - Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.

    - Galerías de tiro.

    - Pistas de tenis y asimilables.

    - Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.

    - Piscinas.

    - Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.

    - Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.

    - Velódromos.

    - Hipódromos, canódromos y asimilables.

    - Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.

    - Polideportivos.

    - Boleras y asimilables.

    - Salones de billar y asimilables.

    - Gimnasios.

    - Pistas de atletismo.

    - Estadios.

    - Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

     

     

    - Espacios abiertos y vías públicas:

    - Recorridos de carreras pedestres.

    - Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.

    - Recorridos de motocross, trial y asimilables.

    - Pruebas y exhibiciones náuticas.

    - Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.

    - Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

    - Actividades recreativas:

    - De baile:

    - Discotecas y salas de baile.

    - Salas de juventud.

    - Deportivo-recreativas:

    - Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades.

    - Juegos y apuestas:

    - Casinos.

    - Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.

    - Salones de juego.

    - Salones recreativos.

    - Rifas y tómbolas.

    - Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.

    - Locales específicos de apuestas.

    - Culturales y de ocio:

    - Parques de atracciones, ferias y asimilables.

    - Parques acuáticos.

    - Casetas de feria.

    - Parques zoológicos.

    - Parques recreativos infantiles.

    - Recintos abiertos y vías públicas:

    - Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

    - De ocio y diversión:

    - Bares especiales:

    - Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.

    - Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

    - De hostelería y restauración:

    - Tabernas y bodegas.

    - Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.

    - Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.

    - Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.

    - Bares-restaurante.

    - Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.

    - Salones de banquetes.

    - Terrazas.

 

 

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